Hilda
Así como muchas veces, por desgracia, usamos estos espacios para denunciar o quejarnos de algún problema, injusticia u omisión de las autoridades, hay veces que también celebramos cuando uno de estos lamentables hechos es corregido.
Tal es hoy el caso de Hilda quien, cuando buscaba recibir la atención médica que por derecho le correspondía, se encontró con el prejuicio, la ignorancia y la franca maldad.
Reproduzco aquí íntegro el discurso que dio esta mañana mi amiga Regina Tamés Noriega, Directora General del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) quienes se hicieron cargo del caso de Hilda y me uno a su llamado para que cosas así dejen de ocurrir:
Buenos días, bienvenidas amigas y amigos de los medios de comunicación,
soy Regina Tamés, Directora General de GIRE , y quiero agradecerles su
presencia esta mañana.
El día de hoy tenemos sentimientos encontrados. Aunque estamos contentos
por el motivo de nuestra reunión que es el reconocimiento de la inocencia de
Hilda, también sabemos que ganamos una batalla pero que aún hay muchas
pendientes, ya que hechos como los que vamos a relatar hoy no tendrían que haber
ocurrido nunca, ni en nuestro país ni en ningún lugar del mundo.
El 10 de julio de 2009 Hilda López de la Cruz, quien entonces tenía 18
años, llegó al Hospital Básico Comunitario de Tamuín, San Luis Potosí,
solicitando ser atendida por una fuerte hemorragia.
En otras palabras, Hilda no hizo más que solicitar lo que era su
derecho, el acceso a servicios de salud durante una emergencia obstétrica lo
cual, en un país con índices crecientes de mortalidad materna, debería ser una
prioridad para el Sistema de Salud. Cabe mencionar que la hemorragia está entre
las primeras tres causas de muerte materna en México.
El día anterior Hilda y su madre, en cuyas casas no hay agua corriente,
habían tenido que acarrear agua cuesta arriba en botes de plástico de 20 litros
para llenar los tanques de su casa.
A la mañana siguiente Hilda comenzó a sentirse mal, al salir de su
cuarto se desmayó como consecuencia de pérdida de sangre y, acompañada por un
vecino y su hermana mayor se trasladó al hospital, donde en lugar de recibir la
atención a la que, repito, tenemos derecho todas las mujeres fue tratada como
una criminal.
El médico que la recibió, sorprendentemente mujer también, comenzó a
interrogarla de manera agresiva sobre el motivo de la hemorragia preguntándole
con insistencia si había introducido algo para provocarse el sangrado, función
que de ninguna manera corresponde a un profesional de la salud y mucho menos
mientras la paciente a la cual tiene obligación de atender se está,
literalmente, desangrando frente a sus ojos.
A pesar de que Hilda le explicó a la doctora el esfuerzo físico que
había realizado el día anterior, ésta continuó insistiendo y, todavía sin
atender su hemorragia, la amenazó con hacer unas pruebas de sangre que
demostrarían su mentira diciéndole que, entonces, le iría peor. Consciente de
que su vida corría peligro y para que la supuesta “profesional de la salud”
cumpliera por fin con su obligación, Hilda se vio orillada a confesar que se había
tomado una pastilla la cual, como se pueden imaginar, es bastante difícil de conseguir
en un pueblo donde ni siquiera hay acceso a agua potable.
A partir de ahí comenzó una historia de terror que no voy a describir en
detalle porque Hilda, quien está hoy con nosotros, se las contará en un
momento, pero les diré que Hilda entró al quirófano bajo amenaza de que se
daría parte al Ministerio Público porque ella había cometido el delito de
aborto.
Apenas saliendo de la operación y vestida únicamente con la bata del
hospital, Hilda fue trasladada a los separos de la cárcel preventiva de Tamuín,
allí la mantuvieron presa toda la noche y en la mañana del 11 de julio le
decretaron libertad, con reservas de ley, argumentando que no había indicios
suficientes para probar su culpabilidad.
Cualquiera que hubiera pasado por esto tendría ganas de olvidarlo, pero
para Hilda no iba a ser posible porque, tres años después, el 23 de julio de
2012, fue detenida por policías ministeriales cuando estaba de visita en casa
de sus papás como probable responsable del delito de aborto. En otras palabras,
su proceso continuaba abierto, aunque ella no lo sabía.
Hilda tuvo que volver a prisión y salió bajo fianza, pero el 5 de abril
de 2013 el Juez Tercero Mixto de Primera Instancia de Ciudad Valles, Miguel
Ángel Ramiro Díaz, la declaró culpable y le dictó sentencia condenatoria de un
año de cárcel, a pesar de que en el proceso penal nunca se presentaron pruebas
suficientes de su responsabilidad en el aborto.
En cuanto GIRE conoció el caso de Hilda decidimos hacernos cargo de su
defensa porque, según la amplia experiencia que tenemos en estos casos y en el
apoyo a las víctimas, nos dimos cuenta de que más allá de cualquier
circunstancia, el hecho irrefutable era que su derecho a un debido proceso
había sido y seguía siendo violentado por las autoridades.
Es de hacer notar la valentía de Hilda, quien decidida a probar su
inocencia, apeló la sentencia.
La voluntad de Hilda de llegar hasta las últimas consecuencias fue
recompensada el pasado viernes 23 de agosto, cuando los magistrados de la 5ª
Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí revocaron la
sentencia que la declaraba culpable, reconociendo su error y ratificando lo que
Hilda siempre tuvo claro: su inocencia.
El caso de Hilda pone de manifiesto dos problemas terribles a los que se
enfrentan las mujeres mexicanas:
- los prejuicios
de las autoridades judiciales en cuanto al tema del aborto, y
- la
criminalización a la que el personal de salud de los hospitales públicos somete
a las mujeres que solicitan atención médica ante una emergencia obstétrica,
como es su derecho, con independencia de las circunstancias que la hayan
provocado. Hoy, en México, se está llegando al extremo de denunciar y condenar
a mujeres que han sufrido abortos espontáneos.
Por eso, desde GIRE aprovechamos esta conferencia de prensa para hacer
un llamado al Poder Judicial y a las autoridades de salud, federales y
estatales, para decirles que no queremos ni una Hilda más.
Hablamos ya de que la mortalidad materna en México es elevada. En San
Luis Potosí, de donde viene Hilda, el 15% de las muertes maternas son de
mujeres que fallecen en la vía pública y podemos deducir que muchas de ellas,
al ver casos como el que hoy nos ocupa, no se atrevieron a solicitar atención
en un hospital sabiendo a lo que podían estar expuestas. En otras palabras,
prefirieron morir antes de pisar injustamente la cárcel.
El caso de Hilda también sirve para demostrar que, cuando nos
solidarizamos para exigir justicia, se puede lograr mucho. Desde GIRE, además
de la estrategia jurídica, impulsamos una campaña que reunió más de 30 mil
firmas en una carta dirigida al tribunal pidiendo que analizara el caso
objetivamente, cosa que hicieron los magistrados y por lo cual los felicitamos.
Nada va a devolver a Hilda la tranquilidad perdida cuando era señalada
como culpable y estigmatizada en los medios, ni los días que pasó en la
cárcel. Sin embargo, el fallo del
tribunal sirve para hacer patente a los ojos de todos su inocencia y para
demostrar las enormes fallas que persisten en el sistema de impartición de
justicia y en el acceso a los servicios de salud; errores que, por otra parte
y, como dije al principio, no tendrían que haber ocurrido nunca.
